INFORMACIÓN ECONÓMICA.
La inflación anual estimada del IPC en abril de 2026 es del 3,2%, de acuerdo con el indicador adelantado elaborado por el INE. Este indicador proporciona un avance del IPC que, en caso de confirmarse, supondría que la tasa anual disminuye dos décimas, ya que en el mes de marzo esta variación fue del 3,4%. Esta evolución es debida, principalmente, a los precios de la electricidad, que disminuyen más que en abril de 2025. Y también, aunque en menor medida, a los precios de los paquetes turísticos, que suben, pero menos que en el mismo mes del año anterior. Por su parte, afectan al alza los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, que suben, frente a la bajada en abril del año pasado. La tasa de variación anual estimada de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) disminuye una décima, hasta el 2,8%.
La AN frena las regularizaciones automáticas de Hacienda por los despidos de trabajadores mayores de 50 años y le exige que dé argumentos razonables y suficientes que demuestren que las salidas han sido pactadas entre empresa y empleado. La AN carga contra la Administración por basar la regularización en indicios que, ni de forma aislada, ni en su conjunto, evidencian que los despidos fueran ficticios. «Todos estos indicios, considerados conjuntamente, no implican, como única conclusión necesaria, que exista un acuerdo de voluntades entre el trabajador y la empresa para la cesación de la relación laboral, bien al contrario, todos ellos, valorados conjuntamente, son compatibles con una extinción decidida unilateralmente por el empleador», concluye la AN.
El Consejo de Ministros aprueba el Anteproyecto de ley por la que se modifican la Ley de Prevención de Riesgos Laborales; el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y el Reglamento de los Servicios de Prevención. La digitalización, los cambios en la organización del trabajo, la desconexión digital o la conciliación plantean nuevas demandas que requieren la actualización normativa en un contexto, además en el que requieren especial atención los riesgos psicosociales. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley se aprobará un reglamento de desarrollo sobre la protección de la seguridad y salud de las personas trabajadoras frente a los riesgos psicosociales y se modificará la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas, para adecuarla a las modificaciones introducidas.
El Congreso de los Diputados reactiva los trabajos para sacar adelante la propuesta de ley que abrirá una pasarela para que miles de trabajadores que aportan a las mutualidades laborales, como abogados, procuradores, médicos o ingenieros, puedan pasar de forma voluntaria a cotizar en el RETA. La norma busca mejorar las pensiones que cobrarán los actuales profesionales que realizan aportaciones a estas mutualidades laborales. La intención del Congreso es avanzar en la ponencia para llevar a la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que se celebrará el próximo 20 de mayo para su debate.
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha anunciado la propuesta de distribución territorial de las 200 nuevas plazas de fiscales -que se sumarán a las 500 para jueces y magistrados avanzadas por el Gobierno-, con Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid a la cabeza. El ministro de Justicia precisó que se ha pactado «por completo» y «hasta el último detalle» cuál será dicha asignación, recalcando que se trata de «la mayor creación de plazas fiscales de la historia», mediante la cual la plantilla de la Fiscalía pasará de 2.804 a 3.004 plazas, con un coste para el Ministerio de 22,5 millones de euros que sufragan con «gran alegría».
La Comisión Europea ha presentado una propuesta que se vuelve más estricta con los procedimientos de infracción para los Estados miembro que no cumplen con la traslación de la normativa europea a su legislación nacional. Al tiempo endurecerá las sanciones para aquellas capitales que no aplican la norma comunitaria. Uno de los puntos clave de esta propuesta es la introducción de mecanismos disuasorios creíbles para aquellos países que no cumplan con la normativa europea. En caso de infracción, se espera que los países colaboren para corregirlas. Si esto no sucede, los Tratados de la UE permiten imponer sanciones desde el momento en el que el caso llega al TJUE.
El 81% de las empresas afirman que la presión normativa «compromete sus recursos internos y la calidad de su cumplimiento». El tiempo y los recursos que las empresas deben dedicar a cumplir con sus obligaciones tributarias se está convirtiendo en un problema cada vez mayor para las compañías de todo el mundo y de todos los sectores. Así se extrae del Global Tax Outlook 2025 elaborado por la auditora internacional BDO. El 61% de las empresas reconoce incumplir plazos, mientras que la mitad aseguran cometer errores en sus declaraciones de impuestos, «lo que eleva el riesgo de inspecciones costosas», valoran desde BDO.
SECTORES BANCARIO Y BURSÁTIL
En el primer trimestre de 2026 los criterios de concesión de préstamos se endurecieron en los tres segmentos, especialmente en el de financiación a empresas, según la Encuesta de Préstamos Bancarios del BdE. Según los bancos españoles encuestados, durante el primer trimestre las condiciones de acceso en los mercados de financiación minoristas se mantuvieron estables, mientas que las de los mayoristas empeoraron, y de forma algo más intensa las de los mercados de valores de renta fija a largo plazo. Para el segundo trimestre, los bancos prevén una intensificación tanto del endurecimiento de la oferta como de la reducción de la demanda, en un contexto de elevada incertidumbre.
Línea Directa cumple cinco años en Bolsa con un panorama de luces y sombras. La aseguradora vale ahora 1.338 millones, según el cierre de ayer, frente a los 1.434 millones del 29 de abril de 2021, su primer día de cotización, aunque sus perspectivas apuntan a un alza de esta valoración. Sus títulos cerraron ayer en 1,23€, con una caída del 6,64% en los cinco años. El máximo lo fijó en junio de 2021 en 1,64€ y el mínimo (0,76) en mayo de 2023. La compañía, de la que Bankinter posee el 17%, se ha visto impactada por la crisis del seguro de automóviles, en el que está especializada.
EMPRESA
El comercio textil en España cerró 2025 con una facturación de 11.107 millones de euros, lo que supone un incremento de tan solo un 0,61%, consolidando una recuperación moderada del sector que, sin embargo, sigue muy por debajo de los niveles registrados entre los años 2000 y 2006, con ventas de más de 22.400 millones de euros. El gasto medio anual por hogar se situó en 945€, apenas 12€ más que el año anterior. Según el informe El Comercio Textil en Cifras, el empleo en el sector aumentó en 2025 un 0,39%, alcanzando los 168.214 trabajadores, mientras que el número de puntos de venta continuó su ajuste con el cierre de 242 establecimientos, hasta situarse en 43.452 tiendas.
Las consultoras sacan músculo y confirman su papel como competidores de peso en el mercado de los servicios legales. El top 5 –PwC Tax & Legal, EY Abogados, Deloitte Legal, KPMG Abogados y BDO Abogados– cerró 2025 con ventas de 961 millones de euros en España, un 8,23% más respecto a 2024, fiel reflejo del notable empuje de las consultoras por disputarle el mercado a las firmas de abogados tradicionales. Si se mira la foto con respecto a 2019, las consultoras han engordado los ingresos de sus departamentos legales en un 70,5%.