La gratuidad digital, bajo examen europeo
Las plataformas digitales podrían tener que revisar sus mensajes comerciales sobre la gratuidad de sus servicios. La Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Laila Medina, considera que facilitar datos personales para su explotación comercial constituye una forma de pago y que, por tanto, estos servicios no deberían anunciarse como gratuitos. La posición figura en las conclusiones presentadas el 19 de noviembre de 2026 en el asunto C-643/25, Verbraucherzentrale Bundesverband.
El pronunciamiento sitúa en el centro del debate una cuestión cada vez más relevante para la economía digital: el valor económico de los datos personales y su papel como mecanismo de financiación de las plataformas tecnológicas.
Una controversia que comenzó con Facebook
El caso se remonta a febrero de 2015, cuando Facebook, explotada en la Unión Europea por Meta Platforms Ireland, utilizaba el mensaje «Facebook es gratis y lo será siempre» en su página de registro.
La Federación de Organizaciones y Asociaciones de Consumidores de Alemania cuestionó esta publicidad porque los usuarios debían facilitar sus datos personales y consentir su utilización comercial para acceder a la red social.
La reclamación fue inicialmente desestimada por los tribunales alemanes, que entendieron que un servicio solo dejaba de ser gratuito cuando exigía un pago monetario. El Tribunal Supremo de lo Civil y Penal alemán decidió entonces trasladar la cuestión al TJUE.
La información personal como activo económico
La Abogada General Medina defiende que el pago no debe entenderse exclusivamente como una entrega de dinero. Los datos personales también pueden tener valor económico cuando permiten a las empresas obtener ingresos mediante publicidad y otras actividades comerciales.
En consecuencia, la ausencia de un precio monetario no significa necesariamente que el usuario reciba el servicio sin contraprestación. La información facilitada puede constituir el precio que paga por acceder a la plataforma.
La propuesta establece, no obstante, una diferencia importante: el tratamiento de datos exclusivamente necesario para prestar el servicio o cumplir obligaciones legales no impide mantener la calificación de gratuidad.
Empresas y consumidores ante nuevas exigencias de transparencia
La interpretación propuesta puede tener consecuencias para las empresas que financian sus servicios mediante la explotación comercial de información personal.
La Abogada General considera que estas compañías pueden mantener sus modelos de negocio, pero no presentar sus servicios como gratuitos cuando el acceso exige una contraprestación de esta naturaleza.
También rechaza que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) impida aplicar la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales. Ambas normas son compatibles: una regula el tratamiento de los datos y otra la veracidad de las declaraciones comerciales.
Además, la prohibición de presentar como gratuito un servicio que exige un pago constituye una práctica prohibida en cualquier circunstancia, sin necesidad de demostrar que el consumidor medio fue efectivamente engañado.
El TJUE tendrá la última palabra
Las conclusiones de Medina no constituyen una resolución definitiva ni vinculan al Tribunal de Justicia. Será este órgano el que determine si los datos personales deben considerarse una forma de pago a efectos de la normativa europea de consumo.
La cuestión trasciende el caso de Facebook. Su resolución puede influir en la forma en que las plataformas digitales presentan sus servicios y comunican las condiciones de acceso a los usuarios. El debate ya no se limita a cuánto cuesta un servicio, sino también a qué recibe la empresa a cambio de ofrecerlo sin exigir dinero.



