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Información económica diaria (20 de mayo de 2026)

20 de mayo de 2026
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INFORMACIÓN ECONÓMICA

  • El Colegio de Registradores presenta el avance mensual de su Estadística Mercantil. Durante el pasado mes de abril se crearon 11.656 nuevas empresas en España, frente a las 11.877 registradas en el mismo mes del año anterior, lo que supone un ligero descenso del 1,9 %. Tras el fuerte incremento del 35,9 % en mayo de 2025, se continuó con ocho meses en tasas positivas más moderadas, con un crecimiento medio del 11,9 %. Por CCAA, se observa con mayor claridad esta tendencia a la baja, con once territorios en descenso.
  • Acuerdo provisional para implementar el pacto comercial con EEUU alcanzado entre el presidente norteamericano y la presidenta de la Comisión Europea en julio de 2025. «El Consejo de la UE y el Parlamento Europeo acaban de llegar a un acuerdo provisional sobre dos reglamentos que aplican las reducciones arancelarias de la UE establecidas en la Declaración Conjunta UE – EEUU», ha anunciado en redes la Presidencia del Consejo. El compromiso alcanzado con la Eurocámara gira en torno a dos reglamentos: el primero y principal «elimina los aranceles aduaneros restantes sobre los productos industriales estadounidenses y otorga acceso preferencial al mercado, incluso mediante contingentes arancelarios y aranceles reducidos para ciertos productos del mar y agrícolas no sensibles de Estados Unidos». El segundo, «se centra en extender la suspensión de aranceles para las importaciones de langosta, incluida la langosta procesada».
  • La fiscalidad de la vivienda representa hasta una cuarta parte del coste total de un inmueble. Según el informe La fiscalidad de la vivienda en España: una propuesta de mejora, elaborado por el IEE, España sufre una fuerte presión fiscal en el sector inmobiliario, penalizando tanto la propiedad como el alquiler. El tipo marginal efectivo de imposición sobre la vivienda ocupada en propiedad en España alcanza el 30,3%. Mientras tanto, el promedio de la OCDE (9,7%) o de la UE (6,5%) son mucho más bajos. La situación se agrava en el mercado del alquiler. El informe destaca que España aplica un tipo marginal efectivo del 44% sobre la vivienda arrendada, situándose muy por encima del 32% de la media de la OCDE. Especial mención merece el ITP, donde España ocupa el tercer lugar de la OCDE en tipos máximos, solo superada por Bélgica y el Reino Unido. Además, España es uno de los tres únicos países de Europa que aún mantiene el IP neto y lidera el ránking del ISD con un tipo máximo del 87,6%.
  • Las ventas exteriores crecieron un 5,1% en el tercer mes del año respecto a marzo de 2025, hasta los 35.859,4 millones de euros, lo que a su vez supone un 13,1% más que el mes anterior. Así lo muestra el Informe Mensual de Comercio Exterior de marzo, publicado por la Secretaría de Estado de Comercio, donde se constata que el repunte en las exportaciones vivido en marzo sostuvo el crecimiento de las ventas de las empresas españolas en el exterior en el conjunto del trimestre. Entre enero y marzo alcanzaron los 96.506 millones de euros, un 0,7% más que durante el mismo periodo del año pasado, impulsadas por los sectores de materias primas, de bienes de equipo y otro tipo de mercancías. El ascenso de las ventas en el exterior se produjo en paralelo a una reducción del 2,5% en las importaciones, hasta los 108.183 euros, lo que sirve para reducir el déficit comercial en más de 11.600 millones de euros, «impulsado por el aumento de las exportaciones no energéticas», según señalan desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.
  • El Tribunal Supremo ha puesto coto a una práctica común en algunos sectores: obligar a los empleados a reponer de su bolsillo los descuadres de la caja. Los magistrados del Supremo se apoyan en el llamado “ajenidad en los riesgos”. Es decir, quien asume el negocio, asume también sus peligros. Bajo esa premisa, el Alto Tribunal subraya que “como regla general, los trabajadores que manejan fondos económicos no deben abonar el dinero que les falta en sus liquidaciones, salvo que medie dolo o culpa”. Esto es, que el dinero falte porque el empleado lo haya hecho a propósito o por un error claro.
  • La Seguridad Social establece un nuevo criterio, comunicado el 11 de mayo, y obliga a las empresas a pagar la sanción por los accidentes laborales o enfermedades profesionales que sufran los becarios. Las compañías tendrán que asumir un recargo de entre el 30% y el 50% sobre la prestación por IT o IP que les reconozca la Administración. Los expertos subrayan que el criterio refuerza que la responsabilidad se atribuye a la entidad en cuyo ámbito organizativo se produce el incumplimiento, lo que sitúa el foco directamente sobre la empresa donde se desarrollan las prácticas.
  • España se consolida como uno de los países más generosos de Europa en incentivos fiscales para la innovación, aunque suspende en su apoyo real a las pymes. Según el informe anual The Benchmark 2026, publicado por la consultora Ayming, el sistema español ofrece un retorno potencial del 29,6% en I+D, permitiendo recuperar hasta 59 céntimos por cada euro invertido en determinados supuestos. El estudio advierte que España pierde posiciones frente a países como Portugal, Irlanda o Alemania, que han diseñado modelos específicamente más ventajosos para empresas de menor escala. Las principales barreras identificadas son la alta exigencia técnica, las interpretaciones restrictivas de la norma y un elevado nivel de inspección fiscal.
  • Las editoriales de prensa pueden exigir a las plataformas digitales una remuneración por utilizar sus publicaciones. Así lo establece el TJUE en una sentencia en la que señala que la Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital de 2019 reconoce a la prensa un derecho por los usos en línea de sus publicaciones por parte de los prestadores de servicios de la sociedad de la información y les permite autorizar o prohibir esos usos. El TJUE señala que la finalidad de la Directiva es conferir a las editoriales derechos exclusivos de reproducción y de puesta a disposición del público de sus publicaciones de prensa. Aunque admite que la norma puede restringir la libertad de empresa, señala que es una medida justificada y proporcionada ya que «permite establecer un equilibrio justo entre la libertad de empresa, por una parte, y el derecho de propiedad intelectual y el derecho a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación, por otra».

SECTORES BANCARIO Y BURSÁTIL

  • La banca española ha recuperado el apetito por los depósitos. Después de unos meses de sequía en estos productos, entre los más demandados por los ahorradores, las entidades financieras han empezado a reactivarlos con rentabilidades que oscilan entre el 2,5% y el 3% a un año, y sin las exigentes vinculaciones que se habían convertido en la norma de los últimos tiempos. Los depósitos y las cuentas remuneradas son, junto con las letras del Tesoro, los productos por los que los ahorradores españoles sienten mayor predilección para obtener algo de rendimiento a su dinero.
  • La deuda de las Administraciones Públicas se situó en marzo de 2026 en el 101,6% del PIB. En términos absolutos, el saldo de deuda ascendió a 1.740 miles de millones de euros en marzo de 2026, con una tasa de crecimiento interanual del 4,3%. Por subsectores, la deuda del Estado creció un 4,7% interanual, la de las Comunidades Autónomas un 2,6% y la de las Corporaciones Locales disminuyó un 9,3%

EMPRESA

  • El transporte transfronterizo generalizado de 44 toneladas entre Estados miembros perjudicaría gravemente a las empresas de transporte españolas y rompería la igualdad de condiciones en el mercado único. Así lo manifiesta Fenadismer. Aunque varios países han elevado el límite de 40 toneladas para el transporte internacional por carretera en sus respectivos territorios, como es el caso de España, las operaciones transfronterizas por encima de las 40 toneladas siguen estando prohibidas. Fenadismer defiende que la modificación de la Directiva que está en trámite a nivel europeo, de aprobarse definitivamente, debe mantener el criterio de permitir mayores tonelajes transfronterizos exclusivamente a los vehículos eléctricos de cero emisiones, como una vía justa para compensar parcialmente el peso de sus baterías.

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