TJUE protege libertad comercial

Una sentencia clave sobre precios alimentarios

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido un límite a las intervenciones nacionales sobre el mercado alimentario al declarar contraria al Derecho de la Unión la normativa húngara que imponía rebajas obligatorias de precios a grandes distribuidores. La resolución, dictada en el asunto C-658/24 | Penny Market, analiza la compatibilidad de una política nacional contra la inflación con los principios europeos de competencia, libertad económica y prestación de servicios.

La decisión tiene especial relevancia porque aborda el equilibrio entre dos objetivos aparentemente compatibles: la protección de los consumidores frente al aumento del coste de vida y la obligación de preservar el funcionamiento del mercado interior europeo.

La regulación cuestionada fue aprobada por Hungría en mayo de 2023, en un contexto marcado por el aumento de los precios alimentarios. El Gobierno húngaro estableció un sistema de campañas promocionales obligatorias para determinados productos básicos.

Las empresas de distribución cuyo volumen anual de negocio superara un umbral concreto debían aplicar un precio de venta al público al menos un 15 % inferior al precio más bajo aplicado durante los treinta días anteriores. Asimismo, tenían que mantener cantidades mínimas disponibles durante el periodo de promoción.

El incumplimiento de estas obligaciones podía generar sanciones económicas.

El conflicto entre Hungría y Penny Market

La controversia llegó al TJUE después de una sanción administrativa impuesta a Penny Market, compañía integrada en el grupo alemán REWE.

Durante una inspección, las autoridades detectaron que dos productos sujetos a la campaña promocional no estaban disponibles en el establecimiento. La empresa explicó que existían dificultades de suministro y que había ofrecido productos alternativos.

A pesar de estos argumentos, la administración consideró que la empresa había incumplido las obligaciones establecidas por la normativa nacional.

Penny Market recurrió la sanción y el tribunal húngaro decidió plantear varias cuestiones prejudiciales al TJUE. La cuestión principal consistía en determinar si la regulación nacional respetaba la normativa europea sobre libre prestación de servicios, libertad de establecimiento, competencia y organización de los mercados agrícolas.

La competencia como principio europeo

El TJUE concluye que la normativa húngara vulnera el Reglamento relativo a la Organización Común de Mercados (OCM), al afectar directamente a la competencia.

Para el Tribunal, la obligación de vender determinados productos a precios reducidos y mantener cantidades concretas limita la capacidad de las empresas para organizar libremente su actividad.

La fijación del precio de venta constituye una decisión económica fundamental. Los distribuidores deben poder adaptar sus políticas comerciales atendiendo a factores como costes de adquisición, demanda de consumidores, disponibilidad de mercancía o condiciones del mercado.

Cuando una norma sustituye estas decisiones empresariales por obligaciones generales impuestas por el Estado, se produce una restricción que debe superar un examen de proporcionalidad.

Una justificación insuficiente

Hungría defendió que la medida perseguía un objetivo legítimo: contener la inflación y facilitar el acceso a alimentos esenciales.

El TJUE reconoce que la protección de los consumidores puede justificar determinadas restricciones. Sin embargo, considera que la regulación no era adecuada para alcanzar el objetivo perseguido.

El Tribunal destaca que la obligación solo afectaba a determinados grandes distribuidores y que estos establecimientos se concentran principalmente en áreas urbanas. Esto reducía la posibilidad de que los consumidores más vulnerables se beneficiaran realmente de las promociones.

Por tanto, la medida no actuaba de manera coherente ni garantizaba de forma efectiva el resultado buscado.

Consecuencias para los Estados miembros

La sentencia supone una advertencia para futuras políticas nacionales de control económico. Los Estados pueden intervenir en el mercado cuando existan razones de interés general, pero deben utilizar mecanismos proporcionados.

Además, el TJUE señala que el tribunal nacional deberá analizar si la regulación generaba una discriminación indirecta contra empresas extranjeras.